Choque frontal entre Gallardón y todos los colectivos de la justicia

Choque frontal entre Gallardón y todos los colectivos de la justicia

El ministro tilda de corporativista la protesta de jueces y fiscales: “¿Cómo no van a quejarse si les hemos quitado la paga?”. 18 organizaciones, contra el Gobierno

Alberto Ruiz-Gallardón comparó ayer la reforma que él pretende acometer en la justicia española —que implica cambiar las condiciones de trabajo de jueces y fiscales, cobrar tasas a los ciudadanos y desviar ciertos asuntos de los juzgados a las notarías— con el fin de la mili, la instauración del moderno sistema tributario, la reconversión industrial de los años ochenta o la entrada en Europa. “Los cambios producen resistencias, siempre ha ocurrido en España”, resumió como común denominador. Así, el mismo día —el de su cumpleaños— en el que 18 organizaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, trabajadores del sector y consumidores se unían para mostrarle su oposición frontal, el ministro de Justicia los tildó de corporativistas y anunció que no piensa cambiar una coma de sus medidas, porque el objetivo es “agilizar” la administración de justicia y eso es “irrenunciable”.
El conflicto está servido: hoy hay un paro de una hora —de 12.00 a 13.00— convocado en los juzgados y, aunque Gallardón subrayó que su puerta está “abierta” para seguir hablando, las organizaciones profesionales no lo aceptan como interlocutor. Han pedido una reunión con el presidente Mariano Rajoy —que no ha respondido— y están recogiendo firmas entre los ciudadanos.
La bronca del sector judicial con su ministro comenzó hace meses por un tema estrictamente laboral: la Ley de medidas de eficiencia en la Administración de justicia, que obliga a los jueces de carrera a hacer sustituciones (despidiendo, de paso, a los interinos) y les quita días libres (aunque bastantes menos que al resto de funcionarios del Estado). Las asociaciones de jueces y fiscales admiten que ese fue el origen de la pelea, pero añaden que en su opinión las condiciones laborales no solo les afectan a ellos sino a la calidad del servicio público.
Gallardón dice que su puerta está “abierta”, pero los jueces lo rechazan
Luego llegó la ley de tasas, muy impopular, y los jueces y fiscales —a los que se sumaron, en primera línea, los abogados— tomaron la oposición a esa medida como bandera, tachándola de atentado al Estado de derecho. Además, en las últimas semanas ha habido pronunciamientos de jueces, públicos y en grupo, sobre los desahucios, la ley hipotecaria o los indultos del Gobierno, creando un clima de movilización desconocido en este sector.
Como broche a una situación inédita, representantes de todos los colectivos de la justicia —18 organizaciones de distinto color ideológico y profesional— escenificaron ayer con una rueda de prensa el frente antiGallardón. Lo sintetizó Antonio Segura, de la Plataforma Justicia para Todos: “Somos muy diferentes, son muchas las cosas que nos separan a los que estamos aquí. Pero hay un ministro de Justicia que nos ha unido”. Apiñados en una sala del Consejo General de la Abogacía, en Madrid, algunos sentados y otros de pie con el micro, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, representantes sindicales y miembros de asociaciones de usuarios defendieron sus reivindicaciones detrás de una pancarta que rezaba: Acto público de defensa de la Administración de Justicia.